El rompimiento político entre el Partido Verde y Morena en torno a la reforma electoral dejó más que una diferencia legislativa: despejó el camino para un proyecto que desde hace tiempo se cocina en el poder. Todo indica que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, prepara el terreno para que su esposa, la senadora Ruth González Silva, se convierta en la candidata a la gubernatura y, eventualmente, en la continuadora del mismo grupo político en el poder.

El plan ya no se disimula demasiado. Mientras el gobernador intenta instalar en el debate público que cuestionar esta aspiración es un acto de violencia política contra las mujeres, en los hechos su esposa recorre el estado como si la campaña ya hubiera comenzado. Mítines, concentraciones y giras por prácticamente todos los municipios forman parte de una estrategia de posicionamiento que, para cualquier observador mínimamente crítico, luce como una campaña adelantada tolerada por el árbitro y fiscalía electorales.

La maniobra discursiva tampoco es nueva: convertir el señalamiento de nepotismo en un falso debate sobre derechos políticos. Nadie cuestiona que las mujeres tengan derecho a competir por cualquier cargo público; lo que está en entredicho es que el poder del Estado, su estructura política y su maquinaria de propaganda se utilicen para preparar una sucesión con apellido familiar. En cualquier democracia madura, la posibilidad de que un gobernador entregue el poder a su propia esposa abriría un debate ético de enormes proporciones.

Pero en San Luis Potosí el silencio domina. Los partidos que se autodenominan oposición observan el proceso con una quietud que raya en la complicidad. Mientras el aparato político del gobierno opera sin demasiados disimulos para posicionar a la futura candidata, los dirigentes opositores callan, como si la disputa por el poder estuviera ya negociada o resignada.

Así, la elección que viene corre el riesgo de convertirse en algo más parecido a una transferencia de poder dentro del mismo círculo que a una competencia democrática real. Si el proyecto se consuma, San Luis Potosí no sólo enfrentará una candidatura polémica, sino la confirmación de una vieja tentación de la política mexicana: convertir el gobierno en patrimonio familiar. Y cuando el poder se hereda entre cónyuges, la democracia inevitablemente empieza a parecerse demasiado a un negocio de casa.