La política mexicana ha cruzado una línea peligrosa: ya no hay simulación de legalidad, solo simulación de competencia. Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional han decidido, sin pudor alguno, adelantar sus campañas rumbo a 2027, confirmando lo que muchos intuían: la ley electoral en México es letra muerta cuando estorba al poder.
Morena no solo abrió la puerta, la dinamitó. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el partido convirtió la trampa en método y la ilegalidad en ventaja competitiva. Disfrazar candidatos de “coordinadores” fue la coartada perfecta para hacer campaña abierta, recorrer el país, posicionarse y movilizar recursos sin consecuencia alguna. No hubo sanción, no hubo freno, no hubo vergüenza.
El Verde, fiel a su historia de supervivencia política sin principios, no tuvo que pensarlo dos veces. Se sumó con entusiasmo al desorden, replicando el modelo de simulación, pero llevándolo un paso más allá: el uso del poder como patrimonio familiar. En San Luis Potosí, la promoción de la senadora Ruth González Silva no es un acto político ordinario, es la extensión directa del control del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. No es competencia, es continuidad disfrazada.
Y el PRI… el PRI simplemente confirma su tragedia: pasó de ser arquitecto del sistema a imitador tardío de sus peores prácticas. Incapaz de defender la legalidad cuando aún tenía sentido, hoy opta por copiar la ilegalidad que antes criticaba. Sus destapes no responden a convicción ni a estrategia, sino a miedo: miedo a quedarse atrás en una carrera donde gana el primero en violar la ley.
Aquí no hay buenos ni malos. Hay competidores en una misma lógica de degradación. Todos han asumido que respetar las reglas es perder, y que adelantarse ilegalmente es la única forma de sobrevivir. La contienda ya no es por propuestas o proyectos, sino por quién construye antes una ventaja indebida.
Lo verdaderamente alarmante no es el adelantamiento, sino la normalización. Nadie se escandaliza, nadie sanciona, nadie corrige. Las autoridades electorales han sido reducidas a espectadores irrelevantes, incapaces —o unwilling— de imponer orden en un sistema que se les desmorona en las manos.
México no está entrando a una elección anticipada. Está entrando a una etapa de ilegalidad permanente, donde los procesos comienzan cuando conviene al poder y terminan cuando el poder ya decidió.
Y cuando todos juegan fuera de la ley, la democracia deja de ser competencia… para convertirse en simulación.
Porque aquí ya no se trata de ganar elecciones: se trata de asegurar el poder antes de que la elección siquiera exista.