Durante años, Andrés Manuel López Obrador convirtió el combate a la corrupción en espectáculo de mañanera, consigna propagandística y herramienta de persecución selectiva. Repetía una y otra vez que había que “barrer la corrupción de arriba para abajo”, aunque en los hechos hizo exactamente lo contrario: proteger a los suyos, blindar a sus aliados y convertir a Morena en refugio político de personajes impresentables.

Hoy la ironía es devastadora. El presidente estadounidense Donald Trump parece estar haciendo la limpieza que el obradorismo jamás tuvo el valor de emprender. Desde Washington comenzaron a ir directamente contra las élites políticas señaladas por presuntos vínculos criminales y redes de corrupción enquistadas en el poder mexicano. Y el golpe no está cayendo sobre adversarios de Morena, sino sobre figuras centrales del régimen.

La embestida contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios morenistas representa algo mucho más grave que una diferencia diplomática: es la exhibición internacional de un Estado mexicano infiltrado, tolerante o sometido frente al poder del crimen organizado. Mientras aquí se abrazaba a los delincuentes con el discurso absurdo de los “abrazos, no balazos”, en Estados Unidos acumulaban expedientes, investigaciones y testimonios.

López Obrador dejó un país dividido, militarizado y dominado territorialmente por grupos criminales, pero además heredó una clase política morenista acostumbrada a la impunidad absoluta. Gobernadores protegidos desde Palacio Nacional, candidatos impulsados pese a señalamientos públicos, operadores financieros convertidos en héroes partidistas y una narrativa oficial basada en negar la realidad aunque la violencia reventara todos los récords históricos.

Lo más humillante para el oficialismo es que sea el gobierno norteamericano quien termine marcando la agenda anticorrupción y de combate al narco. Morena prometió transformar al país y terminó degradando las instituciones hasta niveles alarmantes. El movimiento que llegó jurando superioridad moral hoy enfrenta acusaciones que lo colocan bajo sospecha internacional.

Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum intenta sostener el discurso de continuidad y defensa del legado obradorista, desde Estados Unidos comienzan a mandar un mensaje brutal: la protección política ya no alcanza cuando existen intereses de seguridad nacional de por medio.

El problema para Morena es que esto apenas empieza. Porque cuando Washington decide abrir expedientes, rara vez se conforma con nombres menores. Y porque el discurso de la honestidad valió solamente mientras nadie desde afuera se atrevía a revisar lo que realmente ocurría dentro del régimen.