Durante años, la llamada oposición en San Luis Potosí decidió instalarse cómodamente en la simulación. Mientras el régimen estatal acumulaba poder, control político y señalamientos por excesos autoritarios, los partidos que debían fungir como contrapeso prefirieron la tibieza, el cálculo electoral y el silencio estratégico. Hoy, curiosamente, cuando el calendario electoral comienza a acercarse, aparecen los mismos rostros de siempre anunciando aspiraciones, candidaturas y discursos reciclados sobre democracia y participación ciudadana.
El caso más evidente es el del PAN. La dirigente estatal y senadora Verónica Rodríguez Hernández confirmó su intención de competir por la alcaldía capitalina, argumentando que dependerá “de la voluntad de las y los potosinos”. Sin embargo, muchos ciudadanos podrían preguntarse dónde estuvo esa voluntad política cuando el estado necesitaba una oposición firme frente a las decisiones más cuestionadas del actual gobierno. Porque mientras crecían las denuncias de persecución política, intimidación contra críticos, uso faccioso de instituciones y concentración de poder, la dirigencia panista parecía más ocupada en administrar posiciones internas que en defender a la ciudadanía.
La realidad es incómoda para la oposición: fueron incapaces de construir una narrativa sólida contra el oficialismo. Permitieron que el discurso gubernamental dominara completamente la agenda pública. Se conformaron con declaraciones aisladas, posicionamientos ambiguos y críticas calculadas para no incomodar demasiado al poder. En otras palabras, optaron por una oposición de utilería. Una oposición que protesta en ruedas de prensa, pero negocia en privado; que denuncia excesos mediáticos, pero evita confrontar de fondo las estructuras políticas que dicen combatir.
Ahora aparecen nuevos y viejos aspirantes. El diputado local Rubén Guajardo busca posicionarse como opción rumbo a la capital potosina; también resurgen figuras como Marcelo de los Santos Anaya y el diputado federal David Azuara. Todos comienzan a caminar colonias, aparecer en eventos y hablar de unidad. Pero el problema para ellos no es la falta de estructura electoral; es la falta de credibilidad. Porque durante el periodo más delicado para la vida democrática del estado, la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias.
El ciudadano común observa con desencanto cómo quienes guardaron silencio durante años hoy pretenden presentarse como defensores de la democracia. Resulta difícil vender una imagen de valentía política cuando se toleraron abusos institucionales sin asumir costos ni encabezar resistencias reales. La oposición potosina parece haber confundido prudencia con cobardía política. Y esa factura comienza a reflejarse en la percepción pública: partidos sin fuerza moral, liderazgos desgastados y figuras que parecen activarse únicamente cuando hay cargos en disputa.
Lo más grave es que esta debilidad opositora terminó beneficiando directamente al oficialismo. Un gobierno sin contrapesos efectivos encuentra terreno libre para expandir su influencia, controlar narrativas y neutralizar críticas. La omisión de la oposición no fue un error menor; fue parte del deterioro político que hoy vive el estado. Porque cuando quienes debían señalar excesos prefieren callar para no comprometer futuras alianzas o acuerdos, dejan de representar a los ciudadanos y comienzan a representar únicamente sus propios intereses.
En San Luis Potosí no solamente existe una crisis de gobierno; también existe una profunda crisis de oposición. Y mientras los partidos tradicionales no entiendan que la ciudadanía exige congruencia, firmeza y verdadero compromiso democrático, seguirán siendo vistos como actores oportunistas que despiertan únicamente cuando las urnas vuelven a acercarse.