La reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para fijar postura frente a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos no parece responder a una defensa genuina de la soberanía nacional, sino a la necesidad política de proteger a Morena de una crisis que amenaza con escalar. Desde el oficialismo se intenta construir la narrativa de que las investigaciones y señalamientos provenientes del vecino del norte constituyen una agresión contra México. Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección: las acusaciones tienen nombres y apellidos, y están dirigidas contra personajes vinculados al partido gobernante, no contra la nación mexicana.

La estrategia de victimización busca trasladar el debate desde la presunta responsabilidad de determinados funcionarios hacia un supuesto ataque extranjero. Es una fórmula conocida. Cuando los cuestionamientos resultan incómodos, el discurso oficial recurre al nacionalismo para cerrar filas y evitar que la atención se concentre en el fondo del asunto. Pero los tribunales estadounidenses no están juzgando a México ni a los mexicanos; están investigando posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales. Pretender que cualquier indagatoria contra figuras de Morena equivale a una ofensa contra la patria es una manipulación que insulta la inteligencia de los ciudadanos.

Más aún, los mismos dirigentes morenistas que hoy cuestionan la validez de las pruebas presentadas por autoridades norteamericanas fueron quienes durante años celebraron y utilizaron políticamente el caso de Genaro García Luna. En aquel entonces, bastó la existencia de testimonios, documentos y evidencias judiciales para condenar mediáticamente al exfuncionario y convertir su proceso en símbolo de la corrupción de gobiernos anteriores. Hoy, cuando las investigaciones apuntan hacia su propio círculo político, exigen prudencia, denuncian conspiraciones y hablan de intervencionismo. La doble moral resulta evidente.

Las declaraciones de jueces y fiscales estadounidenses sobre la existencia de pruebas abundantes contra determinados personajes no pueden ser descartadas únicamente porque resultan incómodas para el gobierno mexicano. Si esas evidencias terminan sosteniéndose en tribunales, Morena enfrentará una crisis de credibilidad sin precedentes. No se tratará de una campaña de desprestigio ni de una guerra política internacional, sino de las consecuencias de actos presuntamente cometidos por integrantes de su propio movimiento.

Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. La disputa no es entre Estados Unidos y México. No está en riesgo la soberanía nacional ni la dignidad del pueblo mexicano. Lo que está en juego es la viabilidad política de un proyecto que construyó gran parte de su legitimidad sobre la promesa de ser moralmente superior a sus adversarios. Si las acusaciones prosperan y las pruebas son contundentes, podría comenzar el desgaste definitivo de esa narrativa. Y entonces, más que una confrontación diplomática, estaríamos presenciando el principio del fin de uno de los movimientos políticos más poderosos de la historia reciente del país.